Declaración de Cork 2.0 (2016) – Una vida mejor en el medio rural

La declaración de Cork del año 1996 fue la que consiguió que el desarrollo rural, se convirtiese en el segundo pilar de la Política Agracia Común (PAC).

En 2016, 20 años después, se vuelve a reescribir la declaración de Cork, dando si cabe más peso al desarrollo rural sostenible, que esperemos desemboque en que se convierta en el primer pilar de la nueva PAC, que se negociará en los próximos años.

El potencial del medio rural para ofrecer soluciones innovadoras, integradoras y sostenibles para los retos actuales y futuros de la sociedad, como la prosperidad económica, la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión de los recursos, la inclusión social y la integración de los migrantes debería gozar de un mayor reconocimiento. Debería existir un mecanismo rural de garantía que asegure que este aspecto se refleja en las estrategias y las políticas de la Unión. Las políticas agrarias y rurales deberían basarse en la identidad y en el dinamismo de las zonas rurales mediante la aplicación de estrategias integradas y enfoques multisectoriales. Deberían promover la diversificación y fomentar el espíritu empresarial, la inversión, la innovación y el empleo. Estas políticas deberían también poner en valor la identidad rural y reforzar la sostenibilidad, la inclusión social y el desarrollo local, así como la resiliencia de las explotaciones agrícolas y de las comunidades rurales.

Las políticas de la Unión deberían centrarse en elaborar enfoques integrados para el desarrollo y el fortalecimiento de las cadenas de valor rural y las redes productivas locales. Deberían reflejar las nuevas oportunidades de negocio para las empresas de los sectores agrícola, forestal y rural, relacionadas con la economía circular, la economía verde y la economía sin combustibles fósiles. Debe darse respuesta asimismo a la creciente inquietud de los consumidores acerca de la calidad de los productos y procesos de producción, así como su demanda de alimentos saludables. Las políticas deben promover nuevos enfoques de integración horizontal y vertical que garanticen condiciones equitativas y transparentes en las relaciones contractuales dentro de la cadena de suministro, así como prever posibilidades legales para la organización de acciones colectivas de los agricultores. Éstos deben disponer de herramientas eficaces de gestión de riesgos.

El apoyo de la Unión a la inversión en zonas rurales debe destinarse a generar valor añadido para la sociedad. Asimismo, deberían facilitar el desarrollo de iniciativas de autogestión que fomenten una agricultura competitiva y diversificada y la economía rural. Se debe procurar ante todo superar la brecha digital y desarrollar las oportunidades que ofrecen la digitalización y la conectividad de las zonas rurales. Las políticas deberían promover la calidad de vida rural y satisfacer las aspiraciones de la juventud rural en relación con empleos diversos y bien remunerados, así como facilitar el relevo generacional. Deben realizarse esfuerzos para ampliar el acceso, el alcance y la movilización de financiación proporcionando instrumentos financieros innovadores. La ayuda de la Unión debería reforzar los vínculos entre las zonas urbanas y rurales y armonizar el desarrollo sostenible de las zonas rurales y las zonas urbanas.

La gestión de la tierra desempeña un papel clave en la relación entre la ciudadanía y el medio ambiente. Las políticas deben incentivar la generación de bienes públicos medioambientales, incluida la conservación del patrimonio natural y cultural de Europa, que está formado por una rica diversidad de hábitats de flora y fauna y de servicios paisajísticos que dependen en gran medida de los sistemas de agricultura y silvicultura. Las medidas para recompensar el suministro de bienes y servicios públicos medioambientales deberían reflejar la diversidad de las circunstancias locales. Las características intrínsecas del medio rural presentan ventajas para el desarrollo económico local, el ecoturismo, los estilos de vida saludables, la identidad alimentaria y el desarrollo de marcas en alimentos, así como la promoción del espacio natural para el ocio.

Debe responderse al aumento de la presión que sufren los recursos naturales como consecuencia de la creciente demanda de alimentos, piensos, fibras y biomateriales ofreciendo soluciones políticas intersectoriales coordinadas. Éstas deben garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales tales como el agua, el suelo y la biodiversidad, que son los propios medios de producción agrícola y forestal. La pérdida de diversidad genética debe revertirse y la conservación y utilización sostenibles de los recursos genéticos animales y vegetales debe garantizarse a través de acciones públicas y privadas apropiadas. Existe la necesidad de desarrollar e integrar soluciones innovadoras, basadas en el conocimiento científico, que permitan producir más con menos, garantizando al mismo tiempo que los recursos naturales se encuentren a disposición de las generaciones futuras. Deben desarrollarse formatos efectivos de intercambio de conocimientos y de asesoramiento y debe prestarse apoyo a la adopción de sistemas de gestión de la tierra bien diseñados.

Dada la urgente necesidad de hacer frente al desafío del cambio climático, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, el apoyo debe centrarse en la aplicación de estrategias efectivas de atenuación y adaptación. Existe un amplio margen para la captura de carbono y su almacenamiento en zonas rurales. La acción debe ir más allá de las soluciones basadas en el carbono y debería promoverse una buena gestión del ganado y los nutrientes. Debería animarse a los agricultores y a los silvicultores a proporcionar servicios climáticos y a participar en los esfuerzos de adaptación. El potencial de las zonas rurales para producir de manera sostenible energía renovable y biomateriales debería desarrollarse poniendo en funcionamiento sistemas de inversión adecuados. Debería darse prioridad al desarrollo de la economía circular, así como a la utilización en cascada de biomateriales.

Las comunidades rurales deben participar en la economía del conocimiento para aprovechar al máximo los avances en investigación y desarrollo. Las empresas rurales, incluidos los agricultores y los silvicultores de todo tipo y tamaño, deben tener acceso a la tecnología apropiada, a una conectividad de última tecnología, así como a nuevos instrumentos de gestión que aporten beneficios económicos, sociales y medioambientales. Una mayor atención política a la innovación social, al aprendizaje, a la educación, al asesoramiento y a la formación profesional es esencial para desarrollar las competencias necesarias. A su vez, deberían fortalecerse los intercambios entre homólogos, la creación de redes y la cooperación entre agricultores y empresarios rurales. Las necesidades y contribuciones de las zonas rurales deberían reflejarse claramente en el programa de investigación de la Unión Europea. Los sectores, los investigadores, los profesionales, los proveedores de conocimientos, la sociedad civil y las autoridades públicas deben colaborar más estrechamente para aprovechar mejor y compartir las oportunidades que ofrecen los avances científicos y tecnológicos.

La capacidad administrativa y la eficacia de las administraciones regionales y locales y grupos locales deben mejorarse, cuando sea necesario, mediante la prestación de asistencia técnica, la formación, la cooperación y el establecimiento de redes. Sobre la base del éxito de Leader y de la Asociación Europea para la Innovación en materia de agricultura, deberían ponerse en marcha iniciativas participativas y locales que movilicen el potencial del entorno rural. La arquitectura de la PAC debe basarse en un marco estratégico y programático común que garantice que todas las intervenciones estén dirigidas a lograr objetivos económicos, sociales y medioambientales bien definidos. Debería reflejar las necesidades y las aspiraciones de los territorios afectados y respetar el principio de asociación. El acceso, el alcance y la movilización de la financiación deberán mejorarse a través de un mayor desarrollo y uso de los instrumentos financieros. Las políticas agrarias y rurales deben interactuar en el contexto más amplio que las estrategias nacionales y regionales y trabajar en complementariedad y en coherencia con otras políticas.

Es necesario flexibilizar y orientar mejor el diseño y la ejecución de las políticas, pero ello no debe dar lugar a una complejidad innecesaria. Las iniciativas para recuperar y granjearse la confianza de las partes interesadas son una prioridad. Es fundamental racionalizar aún más el marco reglamentario de la política agrícola común y seguir simplificando su aplicación. Además, deben desarrollarse instrumentos y procedimientos administrativos eficientes que reduzcan la carga administrativa de los beneficiarios y las administraciones nacionales y regionales. La proporcionalidad en los requisitos y las sanciones es importante. Debe concederse una alta prioridad a la introducción de la gobernanza electrónica en la gestión de los programas de apoyo y a una amplia aplicación de las opciones de costes simplificados. Es necesario reforzar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en la gestión compartida de los fondos y los sistemas de control subyacentes.

Las políticas deben ser transparentes y adecuadas a su fin. El apoyo público a la agricultura y a las zonas rurales debe someterse a un sistema de seguimiento y evaluación creíble. Este sistema debería incluir los beneficios de las acciones y la eficacia del gasto, y evaluar el grado de consecución de los objetivos políticos. Las partes interesadas deben desempeñar un papel más importante en la evaluación de los resultados a través del aprendizaje entre homólogos y los análisis de los resultados. Los ciudadanos y los contribuyentes esperan que se les informe sobre los resultados y los logros de la política.

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